El que paga, apaga decía mi abuela en referencia a las luces que los nietos dejábamos encendidas. No fue pagar ni apagar precisamente lo que hicieron muchos estudiantes cuando les tocó asumir un alza de 30 pesos en las tarifas del metro en octubre de 2019. Por el contrario, decidieron evadir ese pago y “prender” una marcha social que a la larga devendría en un estallido de consecuencias insospechadas para quienes decidieron incrementar el costo de los pasajes del metro.
La pregunta cae de cajón: ¿No arriesga el gobierno y la clase política en general un nuevo estallido social al imponer un alza en las cuentas de la luz que, además, es bastante más costosa a la que en su día se dictaminó para los pasajes del tren subterráneo?
Mi respuesta es sí. Un alza abrupta y repentina en torno al 30% en las cuentas de la luz es caldo de cultivo para cargar de rabia un malestar ciudadano que sigue latente.
Si bien el juicio social al estallido ha devenido con el tiempo en negativo por lo traumático de la experiencia, los datos y los relatos muestran que la ciudadanía distingue entre la movilización ciudadana, los caceroleos y las protestas durante la revuelta, y las expresiones de violencia. En las subjetividades mayoritarias siguen habitando dos hechos distintos acaecidos en un mismo tiempo: la legitimidad de la movilización social y el descrédito de la violencia delictual.
Pero, sobre todo, lo que sigue habitando entre la población es el malestar de base que vertebró de sentido el estallido social y que se ha agudizado en carencias económicas y empeorado por una crisis de seguridad que exacerba la experiencia cotidiana de desigualdad objetiva y subjetiva.
Desde esa perspectiva, el alza en las cuentas de la luz perfectamente podría detonar una movilización social expresiva de rabia, orquestada mediante protestas masivas a lo largo del país y cargada de slogans impugnadores y populistas contra una clase política que ha seguido perdiendo legitimidad desde octubre de 2019.
No en vano estos últimos días ha cundido el pánico en el mundo político y ha empezado el festival de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y entre el gobierno y la oposición sobre las responsabilidades de cada cual en esta crisis. Aun así, el hecho es que el Presidente es quien más se juega en esto y el que ha decidido correr un riesgo al ponerse al frente protagónicamente de un aumento histórico en las cuentas de la luz.
Aun cuando en ciertos sectores hay una duda razonable sobre las posibilidades de un nuevo estallido al estar la izquierda que habría instigado el de 2019 hoy en el gobierno, para quienes creemos que la movilización masiva existió principalmente porque la mayoría social conectó con el malestar dominante de la época, es evidente que el gobierno arriesga.
Y aunque también es cierto que hay menor energía social acumulada y que la crisis de seguridad oculta el malestar de origen del estallido, el gobierno arriesga justo en momentos en que el Presidente ha mejorado su sintonía y aprobación entre la ciudadanía.
El gobierno pudo haber tirado la pelota al córner, más todavía en tiempos electorales, pero optó por hacer la jugada. Es más, podríamos decir que una gran jugada que podría significar el gol del triunfo para la nueva generación gobernante.
Una generación que vino a refundar todo y chocó con la realidad. Que luego apostó por una agenda intensa de reformas que ha ido quedando en la estacada. Pero también, una generación que de la mano del Socialismo Democrático ha aprendido que gobernar es dar gobernabilidad al país y actuar con seriedad.
Visto así, si por un momento damos por cierto el aprendizaje del Presidente, ¿qué mayor jugada podrían hacer para saldar sus propias cuentas con la historia que mostrarse capacitado para tomar decisiones difíciles e impopulares y al mismo tiempo contener y administrar la frustración ciudadana?
¿O acaso no fue eso lo que por años hizo con tanto éxito la Concertación?
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