La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) inició una fiscalización en diciembre de 2024 contra Michael Clark por la operación que lo dejó como el controlador de Azul Azul. Aquí la historia de una pugna judicial que ya se arrastra por un año y lo que dicen los informes en derecho en favor de Clark de los abogados Carlos Peña y Alejandro Ferreiro.
El caso. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) inició una fiscalización en diciembre de 2024 contra el empresario Michael Clark tras la operación que lo dejó como el controlador de Azul Azul.
- Ese año, el presidente del directorio de la concesionaria del club Universidad de Chile adquirió el total de las cuotas del fondo de inversión privado (FIP) Tactical Sport, accionista mayoritario de la sociedad anónima, ligado al grupo financiero Sartor.
- Para entonces, el 63% de Azul Azul era propiedad del Fondo de Inversión Privada (FIP) Tactical Sport, que a su vez estaba compuesto en un 90% por Sartor y un 10% por Inversiones Antumalal. Esta última es de propiedad de Clark.
- Según la CMF, la operación de Clark debería haber sido informada y reclamaron la ausencia de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), una operación en la que un inversionista ofrece comprar a un precio determinado las acciones de una empresa que cotiza en bolsa, dirigiéndose a todos sus accionistas con el objetivo habitual de tomar el control de la compañía.
- El mandamás de la sociedad anónima apeló a la Corte de Apelaciones, pero el tribunal le dio la razón a la CMF en septiembre de 2025. Actualmente, quien debe resolver el caso es la Corte Suprema, cuyo fallo está pendiente.
La defensa ante el TC. En su disputa contra la CMF, que incluye un recurso ante el Tribunal Constitucional, la defensa de Michael Clark cuenta con la participación de Gonzalo García, abogado y ex ministro del TC.
- El empresario presentó informes elaborados por Carlos Peña, y otro de Alejandro Ferreiro, ex ministro del primer gobierno de Bachelet, para defenderse ante el Tribunal Constitucional.
- Ferreiro señala a Ex-Ante que en el caso “hay formulaciones de cargos severas y sanciones aplicadas por la CMF a los directores de Sartor por cuestiones distintas. Algunos lo pueden confundir con este caso”.
- El ex ministro explicó que su defensa a Clark se basó en que “cuando se compran cuotas de un fondo y hay una cambio en la propiedad o la participación relativa a los partícipes de este, el fondo sigue siendo dueño de la sociedad anónima que está aguas abajo y por tanto no hay una obligación de exigir una OPA”.
- Esto, a su juicio, porque no hubo un cambio de propietario -que seguía siendo el fondo-, aunque hubieran cambiado las participaciones de sus integrantes.
- Ferreiro sostiene que la sanción en caso de incumplimiento de la normativa no puede ser reversar la operación: “La pena sería que hubiese indemnización a los eventuales perjudicados que son los accionistas minoritarios. Y mi informe indica que no hay perjuicio”.
El informe de Carlos Peña. El documento presentado por el abogado plantea que no era necesario informar sobre la toma de control de Clark, debido a que no adquirió acciones de Azul Azul, sino que tomó posesión de cuotas de un fondo privado.
- Carlos Peña también argumentó que la ley vigente prohíbe hacer OPAs de las cuotas de un fondo privado, por lo que no era posible ser efectuada, como alega la CMF.
- “Las cuotas sobre un fondo de inversión no son acciones, ni suponen derechos potestativos”, explicó.
Reclamo a la Corte de Apelaciones. En noviembre de 2025, la CMF sancionó a Clark por irregularidades en el caso Sartor, con una multa de 65.000 UF (cerca de US$ 2,8 millones) y una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos directivos.
- El lunes pasado, Clark presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un reclamo de ilegalidad por la sanción de la CMF y solicitó que se dejaran sin efecto o se modificaran las resoluciones. Aquello se relaciona con la sanción de la CMF y no con la operación del empresario para hacerse del control de la concesionaria que controla a la U de Chile.
- En un documento presentado por Gonzalo García, ex miembro del TC, se señaló que Clark fue director independiente de Sartor entre octubre del año 2020 y diciembre del año 2024, “sin poseer jamás participación alguna en la estructura societaria de la administradora”.
- Y, respecto a la resolución de la CMF, planteó: “Esta inhabilidad resulta manifiestamente desproporcionada, pues pretende que mi representado solvente una carga pecuniaria extrema mientras se le arrebata su principal fuente de sustento al forzar su salida de la presidencia de Azul Azul”.
Los otros accionistas. Clark adquirió el 100% de Tactical Sport -accionista mayoritario de la sociedad anónima que controla la concesionaria de la U de Chile- tras comprar la participación de Sartor por US$ 5,7 millones.
- De esta forma, el empresario es actualmente el principal propietario de la U.
- Los segundos mayores accionistas de Azul Azul y las voces más críticas contra él son Daniel Schapira y su hijo Eduardo, que controlan el 21,4% de las acciones.
- Ambos presentaron en abril una querella por presunto fraude contra el empresario por la omisión de la OPA.
- Hace unos días, los Schapira anunciaron que pusieron a la venta la totalidad de sus papeles, apuntando a la administración del club en los últimos años.
OPA fallida. En el primer semestre del 2025, Clark hizo un movimiento para poner fin a la controversia. Lanzó una OPA voluntaria para adquirir el 100% de las acciones serie B de la concesionaria del club.
- En esa oportunidad, señaló que compraría todas las acciones que le ofrecieran a un precio de $387,97 por título; después subió la oferta en 0,03 pesos.
- En el aviso legal anunció que la sociedad Bulla SpA -constituida por Clark- ofrecía adquirir todos los títulos serie B emitidos por la sociedad Azul Azul. De comprar todas, el monto total de la operación habría llegado a US$18 millones.
- Pero en mayo de ese año, a través de un aviso legal y un boletín a la Bolsa de Santiago, la sociedad constituida por Clark anunció que el proceso fue rechazado.
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