La instancia creada por el gobierno ha presentado 3 informes con 19 denuncias -o alertas- que en un solo caso derivaron en acción penal. Eso ha despertado preocupación en La Moneda y críticas de expertos, como el director del Centro de Políticas Públicas de la UC, Ignácio Irarrázaval. Un ejemplo son los supuestos $ 1,4 billones transferidos a fundaciones sin que fueran acreditados, que se presentó sin antecedentes que la justificaran.
Las alertas. El lunes la directiva de la UDI tenía programado concurrir al Consejo de Defensa del Estado para solicitar acciones por los más de $1,4 billones supuestamente transferidos sin acreditar a fundaciones durante el gobierno anterior.
- El hecho fue denunciado hace dos semanas, el 1 de julio, por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del gobierno, que lidera la subsecretaria de Segpres, Constanza Castillo (RN).
- Pero la pauta de la UDI se suspendió a último minuto por petición del gobierno, con el argumento de que el comité aun se encuentra analizando “ministerio a ministerio” las transferencias y ha detectado que gran parte de los montos sin rendir no se deben a irregularidades sino a retrasos burocráticos.
- Altas fuentes de La Moneda señalan que internamente se ha manifestado inquietud sobre el comité, ya que pese a haber informado en una conferencia de prensa sobre irregularidades de esa magnitud, no dio ningún antecedente de peso que respaldara la denuncia.
- Fuentes cercanas al comité de auditoría señalan que el mandato -que se extiende hasta septiembre- es levantar “alertas” sobre posible mal funcionamiento del Estado y que se han cuidado de nunca hablar de fraudes o irregularidades.
- En la oposición, en tanto, plantearon sospechas porque el informe se presentó un día después de la derrota oficialista en la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y en medio de la caída del Imacec y el aumento del desempleo.
- En total se han levantado 19 alertas, y en un caso se ha concurrido al Ministerio Público: una denuncia por presuntas irregularidades en la Junaeb por pagos por $14 mil millones a una empresa proveedora de alimentos. La empresa (Soser) y la dirección anterior de Juaneb señalaron que ese caso es antiguo y que ya fue aclarado por la justicia.
- En otro caso se pidió un pronunciamiento a Contraloría y se han pedido investigaciones internas a algunos servicios.
Cuestionamientos. El último informe del comité también generó críticas en el mundo académico. Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC advirtió en una carta a La Tercera lo siguiente:
- “La información en que se basa es parcial, no permite sostener conclusiones sobre eventuales usos irregulares de recursos y no da cuenta de un ejercicio mínimo de consistencia entre las distintas fuentes contables que maneja el propio Estado. A esto se suma un uso impreciso, cuando no confuso, de los conceptos técnicos empleados”.
- María Jaraquemada, consejera del Consejo para la Transparencia y quien presidió la comisión para regular la relación entre las fundaciones y el Estado, señala a Ex-Ante que “son reportes, o más bien comunicados de prensa, que son muy generales, y por eso mismo a veces mezclan situaciones que son bien diversas y no contienen la precisión adecuada”.
- “Por ejemplo, se dio a entender que las fundaciones estaban en falta, con montos muy altos, y ahora se estaría revisando. Quizás lo que se busca es más un efecto comunicacional”, agregó.
Las fechas. El comité acordó reunirse una vez al mes, pero no tiene fechas definidas. La presentación de los informes han coincidido con momentos difíciles para el gobierno.
- 10 de abril. El primer informe fue cuando el presidente José Antonio Kast comenzaba a registrar la caída en las encuestas tras el alza de los combustibles.
- 25 de mayo. El segundo informe se presentó 6 días después del cambio de gabinete.
- 1 de julio. El tercer informe fue un día después de la derrota del oficialismo por la AC contra Grau y el mismo día que se informó la caída del Imacec.
Cómo funciona el comité. El Comité estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal se constituyó el 20 de marzo y está presidida por la subsecretaria Castillo e integrada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, el director de la Dipres, José Pablo Gómez, y el asesor de segundo piso Francisco Riveros.
- Han sesionado 4 veces y han presentado tres informes de avance. En abril se denunciaron transferencias y convenios por más de USD 140 millones a entidades con menos de un año de antigüedad y la incorporación de más de 2.500 funcionarios. De eso sólo se entregó una minuta de prensa sin dar detalles ni desarrollar ninguno de los temas.
- Lo mismo ocurrió en las conferencias de prensa del 25 de mayo y del 1 de julio, en La Moneda. En la primera se alertó sobre un riesgo fiscal de más de US$9.200 millones y que había compras por trato directo injustificados por US$3.170 millones.
- En la segunda se dijo que “se identificaron más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones”; afirmaron que entre los principales organismos con “uso intensivo del trato directo” están el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de DD.HH.
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