Qué observar. A las 8:50 horas de este martes llegó la contralora (s) Dorothy Pérez a la comisión especial investigadora del Caso Convenios, referida a traspasos desde el sector público hacia entidades privadas. Lo principal de su presentación fueron auditorías y transferencias realizadas desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.
Lo que ocurrió en la Conadi. Se realizó una auditoría a los procesos de licitación de la Conadi que fueron adjudicados por la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada, vinculados a cursos en lengua indígena en jardines infantiles y establecimientos educacionales entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023, es decir, en el periodo en que Giorgio Jackson fue ministro de Desarrollo Social.
A) Al entrar al detalle de los $245 millones cuestionados, Contraloría se detiene en el caso de la Dirección Regional de Osorno, que implicó un pago de $80 millones. “Debió desestimarse la propuesta por cuanto la coordinadora no acreditó la experiencia requerida en las bases como esencial para adjudicarse la propuesta”, indica el ente al mando de Dorothy Pérez.
B) También coloca el foco en la Dirección Regional del Biobío, específicamente en Cañete. Se trata de un traspaso por $80 millones. “Se advirtieron una serie de irregularidades como criterios poco objetivos, inconsistencias en los factores a evaluar y se cambian algunos criterios de similar característica al comparar con la licitación de Osorno, entre otras objeciones”, añade.
C) La Dirección Nacional realizó una licitación por $4 millones para Temuco en que “se advirtieron una serie de irregularidades como criterios poco objetivos, inconsistencias en los factores a evaluar, entre otras observaciones”.
D) La Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama realizó dos licitaciones, por $44 y $37 millones, que según la Contraloría debieron haber sido rechazadas. La primera porque “erróneamente se le asignó el máximo puntaje en el criterio calidad del servicio ofertado en circunstancias que debió obtener un puntaje menor, quedando bajo el mínimo exigido en las bases para ser considerada oferta válida”. Y la segunda porque “erróneamente se le asignó el máximo puntaje en el criterio “calidad y experiencia del equipo de trabajo” y con ello quedaba bajo el puntaje mínimo exigido en las bases”.
1.Seremi Atacama: La Contraloría realizó una auditoría a los recursos transferidos a entidades privadas entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023, es decir, en los periodos en que Karla Rubilar (segundo gobierno de Sebastián Piñera), Jeannette Vega y Jackson fueron ministros.
2. Atención especializada de NNA: El ente contralor también realizó una auditoría a los procesos de gestión de la oferta, demanda e información sobre atención especializada a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, en la Dirección Nacional del Servicio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, es decir, entre los periodos de Rubilar, Vega y Jackson.
3. Mejor Niñez: En este caso se trató de una auditoría a los procesos y controles efectuados por la Dirección Regional Metropolitana de Mejor Niñez sobre la ejecución del Programa Diagnóstico Ambulatorio y del Programa Especializado en Maltrato a través de Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 (entre los periodos de Rubilar, Vega y Jackson).
4. Plan Noche Digna: Se auditaron transferencias y proyectos entre el periodo 1 de enero y 31 de diciembre de 2022 (entre los periodos de Rubilar, Vega y Jackson), por los cuales se instruyeron procedimientos disciplinarios. También “se comprobó la existencia de 3 usuarios que se encontraban fallecidos al momento de recibir las prestaciones de alimentación, higiene y/o atención médica” y que la ONG Alta Tierra tuvo transferencia de recursos sin que los ejecutores hubieran cumplido los requisitos de los convenios, entre otros hallazgos.
5. Mejor Niñez Biobío: Se auditó la ejecución del Programa Diagnóstico Ambulatorio (DAM) y del Programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual infantil (PRM), entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 (entre los periodos de Rubilar, Vega y Jackson).
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